¿La Corte Suprema elimina la figura de FEMICIDIO?

Escribe : Ismael Feliciani

Julieta González tenía 21 años cuando le contó a Andrés Di Césare que estaba embarazada. Días después, en septiembre de 2016, él la asesinó en Maipú, Mendoza, y trató de ocultar el cuerpo. Una década más tarde, ese expediente llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que debe resolver una pregunta que la ley argentina creía resuelta desde 2012: cuándo un crimen contra una mujer es un femicidio.

Un caso con pruebas contundentes y una primera condena que no las vio

La reconstrucción judicial no deja lugar a dudas sobre lo ocurrido: había sangre de Julieta en el auto de Di Césare y restos de ADN de él bajo las uñas de ella, señal de que intentó defenderse. Tras el crimen, él realizó búsquedas en internet sobre cómo deshacerse de un cuerpo y si era posible un cotejo genético a un feto.

Pese a esa evidencia, el primer tribunal condenó a Di Césare a 18 años por homicidio simple: consideró que la pareja mantenía un vínculo de “amantes ocasionales” y no una relación formal. Natalia Gherardi, directora ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), lo resume así: “Hicieron una interpretación muy restrictiva de qué significa una pareja”.

La Suprema Corte de Mendoza revisó esa lectura, ponderó la brutalidad del ataque y el desprecio por el embarazo de la víctima, y condenó a Di Césare a perpetua por femicidio. Ahora la defensa apeló ante la Corte nacional insistiendo en el mismo argumento: sin pareja formal, no habría violencia de género.

Qué dice la ley y qué está en juego

El artículo 80 del Código Penal prevé dos agravantes distintos: el inciso 1 castiga el homicidio de pareja o expareja; el inciso 11, sumado en 2012, castiga el asesinato de una mujer mediado por violencia de género, exista o no un vínculo previo. Para Gherardi, la separación entre ambos incisos no es casual: “Puede haber violencia de género cuando no hay una pareja, porque por algo son dos situaciones distintas”.

La abogada advierte que una lectura restrictiva dejaría afuera casos tan resonantes como los de Ángeles Rawson y Micaela García, donde no existía vínculo de pareja pero sí, según sostiene, sometimiento y desprecio por la víctima. Los propios registros de la Corte respaldan esa preocupación: en 2025, en uno de cada tres femicidios con dato sobre el vínculo, el agresor no era pareja ni expareja de la víctima.

Una Corte dividida

El tribunal funciona hoy con tres de sus cinco miembros. Si los tres coincidieran, alcanzaría un simple rechazo del recurso para confirmar la condena de Mendoza. Sin embargo, en diciembre pasado la Corte convocó a conjueces para este expediente, algo que solo ocurre cuando no hay acuerdo entre sus integrantes. “Eso no es un trascendido, eso es un hecho”, subraya Gherardi.

Frente a esa señal, ELA se presentó como amicus curiae junto a CELS, Amnistía Internacional Argentina, Mujeres por Mujeres, INECIP y Fundeps, pidiendo que el fallo no restrinja la figura a los vínculos de pareja.

Un fallo con efecto expansivo

Aunque la sentencia afecta directamente solo a Di Césare, sentaría jurisprudencia. Gherardi anticipa que condenados bajo el criterio actual podrían pedir revisiones si la Corte adopta una interpretación más estrecha: “Si la máxima autoridad judicial te dice que la violencia de género no es una causa para femicidio, todas las personas que fueron condenadas bajo ese parámetro van a pedir una interpretación más favorable”. También impactaría en cómo se investigan los casos en curso, como el de Agostina Vega, hoy caratulado como femicidio.

El contexto político

En enero de 2025 el Gobierno de Javier Milei anunció su intención de sacar el femicidio del Código Penal, una reforma que, según Gherardi, nunca llegó formalmente al Congreso. La Corte no tiene la potestad de derogar una ley, pero un fallo restrictivo le daría a esa postura “argumentos de autoridad, nada menos que de la Corte”. Gherardi también señala el recorte de fondos nacionales a los programas de asistencia en violencia de género, el cierre de centros de acceso a la justicia y un programa Acompañar sin presupuesto asignado ni beneficiarias identificadas.

Cifras que enmarcan el debate

Entre enero y agosto de 2026 se registraron 173 víctimas fatales de violencia de género en el país —una cada 34 horas—, según el observatorio Ahora Que Sí Nos Ven.

Lo que no entra en un expediente

Susana González, madre de Julieta y rostro visible del reclamo de justicia durante años, murió en marzo de 2024 sin ver esta instancia. Gherardi cierra con una reflexión sobre lo que trasciende al proceso penal: “El impacto es mucho más profundo y duradero que el proceso penal (…) ese agravio, ese dolor, es compartido por muchas otras personas”.