De los algoritmos a los ingenieros: el cada vez más amplio perímetro de control tecnológico de Xi Jinping

Un nuevo paquete de normas del régimen de Beijing remarca una tendencia creciente en China: la seguridad nacional ya no aparece limitada a cuestiones militares, espionaje o terrorismo

La tecnología está dejando de ser en China un asunto económico para convertirse en un delicado asunto de seguridad nacional. O de represión. El cambio no es menor: el régimen de Xi Jinping avanza hacia un modelo en el que los datos, los algoritmos, la inteligencia artificial, las empresas tecnológicas, el conocimiento de los ingenieros e incluso la posibilidad de que una persona abandone el país pueden quedar comprendidos dentro de una misma lógica. El resultado es una ampliación del perímetro de control estatal que empieza en Internet, continúa en las empresas y alcanza a las personas.

La vida de cualquier ciudadano está cada vez más atravesada por decisiones que antes pertenecían a ámbitos separados: qué información se puede difundir, qué datos pueden circular, qué tecnología puede exportarse, qué empresas deben colaborar con las autoridades y, potencialmente, quién puede salir del territorio chino.

Un ejemplo sencillo para dimensionar la nueva estructura de sometimiento de Xi: imaginemos a un ingeniero chino especializado en semiconductores, inteligencia artificial o alguna otra tecnología considerada estratégica. Recibe una oferta de trabajo de una empresa extranjera y decide aceptar. Hasta hace relativamente poco, el problema para el Estado podía ser, en determinados casos, el acceso a información clasificada o la comisión de un delito. Bajo las nuevas reglas que China está construyendo, la cuestión puede plantearse de otra manera: si el omnipresente estado considera que su salida puede poner en riesgo la seguridad industrial o tecnológica nacional, las autoridades pueden impedirle abandonar el país. Y puede hacerlo sin darle explicaciones. Simplemente: no. El régimen determinará qué conocimientos, qué información y qué personas considera estratégicos.

Se trata de cuatro leyes que aún no están en vigor, pero que pronto se pondrán en marcha. El nuevo Reglamento del Consejo de Estado sobre Administración de Entrada y Salida fue aprobado y comenzará a regir el 15 de septiembre de 2026. La reforma de la Ley de Movilización de la Defensa Nacional fue aprobada el 28 de agosto y entrará en vigor el 1 de octubre. Las Medidas del Ministerio de Seguridad Pública para la Supervisión e Inspección de la Seguridad del Ciberespacio también entrarán en vigor el 1 de octubre. En cambio, las nuevas Medidas para la Administración de los Servicios de Información de Internet, que incluyen disposiciones de gran importancia sobre IA y algoritmos, todavía son un proyecto: la consulta pública concluyó el 2 de agosto y el texto aún no ha sido adoptado.

La primera normativa, el Reglamento sobre Entrada y Salida, es probablemente la que permite comprender mejor cómo la seguridad tecnológica empieza a trasladarse desde las empresas hacia las personas. El texto establece criterios en los que un ciudadano chino puede ser impedido de salir del país, entre ellos determinados incumplimientos relacionados con el control de exportaciones o la importación y exportación de tecnología cuando puedan poner en peligro la seguridad industrial o tecnológica nacional.

El cambio más importante no es una nueva prohibición concreta al rosario restrictivo con el que vive la ciudadanía china. Sino que es la expansión del concepto mismo de seguridad.

Todo entra bajo ese paraguas. Un semiconductor puede ser seguridad nacional. Un centro de datos puede ser seguridad nacional. Un algoritmo puede ser seguridad nacional. Una base de datos puede ser seguridad nacional. El conocimiento de un ingeniero puede ser seguridad nacional. Y, en determinadas circunstancias, la decisión de ese ingeniero de aceptar un trabajo en el extranjero puede convertirse también en una cuestión de seguridad nacional. Aunque esa decisión no sea autónoma.

Beijing, bajo el mandato de Xi Jinping, está construyendo un sistema en el que la tecnología ya no ocupa un lugar periférico dentro de la política de seguridad, sino que ocupa un espacio central y estratégico. Y cuanto más estratégica se vuelve la tecnología, más amplio parece ser el perímetro de aquello que el Estado considera necesario controlar, supervisar o preservar. La frontera entre la vida privada y la seguridad nacional se vuelve progresivamente más estrecha.