Reducción de impuestos y tope de 35% en las tasas: la propuesta de Llaryora para las deudas de los cordobeses

El gobernador envía a la Legislatura el proyecto “Alivio Cordobés”, que propone una menor carga impositiva y topes sobre tasas de refinanciación para tarjetas de crédito y préstamos personales. 

El endeudamiento de las familias volvió a instalarse en el centro de la agenda provincial. El gobernador Martín Llaryora envió en las ultimas horas a la Legislatura de Córdoba el proyecto de ley que crea el «Programa Provincial de Alivio y Reordenamiento del Endeudamiento Familiar», más conocido como «Alivio Cordobés»: un esquema que busca bajar el costo de refinanciar deudas de consumo a través de un beneficio impositivo para los bancos y las tarjetas de crédito que decidan sumarse.

El anuncio lo hizo el propio mandatario en sus redes sociales, con un mensaje en el que apeló a un tono cercano para describir el problema que dice querer resolver. Habló de «la cuota de la tarjeta que nunca baja», del «crédito que se sacó para arreglar la moto que te lleva al trabajo» y del «préstamo para que un hijo siga estudiando». Llaryora sostuvo que el cordobés «es emprendedor y cumplidor», pero que «el sistema financiero actual se volvió imposible» porque, aun cumpliendo, la gente «cada día debe más».

El proyecto tomó estado parlamentario este miércoles, aunque no se tratará sobre tablas: el oficialismo no reúne la mayoría agravada necesaria para eso, por lo que deberá seguir el trámite habitual en comisiones. Llaryora firmó la iniciativa junto al jefe de Gabinete, Manuel Calvo, y el ministro de Economía, Guillermo Acosta, e invitó a todos los bloques legislativos a «debatir, mejorar y enriquecer» la propuesta.

Qué propone el proyecto. El corazón de la iniciativa combina un beneficio fiscal con un tope de tasa. Por un lado, las entidades financieras regidas por la Ley de Entidades Financieras y las emisoras de tarjetas de crédito que adhieran al programa pasarán a tributar una alícuota del 0% en Ingresos Brutos sobre los ingresos que obtengan por intereses y ajustes originados en la refinanciación de deudas de sus clientes alcanzados por la norma. Es decir, la Provincia resigna recaudación a cambio de que el ahorro impositivo se traslade a mejores condiciones de crédito.

Por otro lado, el proyecto fija un techo a lo que esas entidades podrán cobrar: una Tasa Nominal Anual fija máxima del 35% para las líneas de refinanciación, consolidación o reestructuración que ofrezcan a los beneficiarios del programa. Los plazos de devolución no podrán ser inferiores a 24 cuotas mensuales ni superiores a 48.

El esquema es voluntario para las entidades: solo quienes adhieran expresamente accederán al beneficio impositivo y, a cambio, deberán ofrecer las líneas especiales en las condiciones fijadas por la ley. Es el mismo mecanismo, dicen en el Gobierno provincial, que utilizó la Ciudad de Buenos Aires con su programa de alivio de deudas, al que terminaron adhiriendo el Banco Ciudad y otras ocho entidades.

Quiénes pueden acceder. No todas las deudas ni todos los deudores quedan comprendidos. El proyecto alcanza a préstamos personales, saldos financiados de tarjetas de crédito y otras modalidades de financiamiento destinadas a gastos ordinarios de subsistencia o necesidades básicas del hogar. Quedan expresamente afuera las deudas vinculadas a juegos de azar y apuestas.

Para ser beneficiario, la persona deberá acreditar domicilio en Córdoba con una antigüedad mínima de dos años y estar clasificada en «Situación 2» o «Situación 3» al 31 de julio de 2026 según la Central de Deudores del Sistema Financiero que administra el Banco Central, es decir, con algún grado de morosidad ya registrado. Además, la reglamentación deberá verificar el nivel de ingresos del solicitante y su grupo familiar —que podrá expresarse en múltiplos del Salario Mínimo, Vital y Móvil—, su situación patrimonial, la tenencia de bienes registrables y de activos financieros, y la relación entre ingresos y compromisos de pago. El objetivo declarado es que el beneficio llegue a quienes efectivamente atraviesan dificultades, y no a quienes tienen capacidad de afrontar sus deudas en las condiciones actuales del mercado.

El texto contempla que las obligaciones alcanzadas sean las contraídas hasta el 26 de julio de 2026, y establece una ventana de tres meses desde la sanción de la ley para que los interesados puedan acogerse al programa, que en total tendrá una vigencia de tres meses calendario.

El argumento político y el contexto. Detrás de la letra técnica, el Gobierno provincial construyó un relato de «esfuerzo compartido» para justificar la medida. Según planteó Llaryora, el Estado provincial «pone una reducción de la carga impositiva», las entidades financieras «deben resignar una parte de su rentabilidad» y las familias «aportan su compromiso real de pago a través de una cuota posible». «No le pedimos magia a nadie, le pedimos responsabilidad a todos», sintetizó el gobernador, que remarcó que la intención no es «regalar» sino «aliviar, en la medida de lo posible», una situación que —dijo— angustia a buena parte de los hogares cordobeses.

El mandatario también apeló al argumento económico de fondo: que cada peso que una familia deja de pagar en intereses es un peso que vuelve rápidamente al consumo cotidiano, al almacén de barrio, a la carnicería o al comercio de cercanía. En ese sentido, presentó la iniciativa no como un gasto sino como una forma de sostener el consumo interno y, con él, el empleo.

El anuncio se da en un momento en que el peso de las cuotas de tarjetas y créditos personales viene siendo un tema sensible a nivel nacional, con tasas de mercado que en muchos casos superan largamente el tope que ahora propone fijar la ley provincial. La adhesión del Banco de Córdoba está descontada, ya que el Ejecutivo lo mencionó como socio inicial del esquema; la incógnita pasa por cuántas entidades privadas decidirán sumarse a cambio del beneficio fiscal, y por el trámite que el proyecto deberá recorrer en una Legislatura donde el oficialismo necesitará sumar apoyos de otros bloques para convertirlo en ley.

La Autoridad de Aplicación del programa recaerá en el Ministerio de Economía provincial, que será el encargado de reglamentar los mecanismos de adhesión, acreditación y control, además de fijar cuándo comenzarán a regir en concreto los beneficios impositivos una vez sancionada la norma.