La corrupción lidera las expulsiones en la Policía de Córdoba: ya son 484 los efectivos separados

El Organismo de Control Disciplinario informó que ya aplicó 92 medidas durante 2026 y que la corrupción encabeza los motivos de las sanciones.

La corrupción, el mal desempeño de las funciones y los hechos de violencia familiar y de género concentran la mayor parte de las sanciones disciplinarias aplicadas este año a integrantes de la Policía de Córdoba.

Así surge del balance difundido por el Organismo de Control Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana, que además confirmó que 484 efectivos fueron cesanteados o destituidos desde la puesta en marcha del nuevo sistema de control, mientras otros 700 permanecen suspendidos, en situación pasiva o bajo investigación administrativa.

En lo que va del año, según difundió La Voz, el organismo resolvió 92 medidas disciplinarias. De ese total, 29 estuvieron vinculadas a hechos de corrupción, convirtiéndose en la principal causal de sanción dentro de la fuerza.

En segundo lugar aparecen los casos de mal desempeño de las funciones, con 27 expedientes, mientras que 19 actuaciones corresponden a episodios de violencia familiar y de género protagonizados por efectivos policiales.

El resto de las resoluciones incluye investigaciones por violencia institucional, inconductas cometidas fuera del horario de servicio y otros conflictos disciplinarios.

Otros 700 efectivos siguen bajo procesos disciplinarios

Además de quienes ya fueron expulsados, 700 policías continúan alcanzados por distintas medidas preventivas o sanciones administrativas mientras avanzan los expedientes en su contra. Según el detalle oficial, el universo está integrado por:

– 157 efectivos cuyos casos todavía se tramitan bajo el antiguo Tribunal de Conducta.

– 166 efectivos en situación pasiva, que perciben el 30% de su salario.

– 150 agentes suspendidos sin goce de haberes.

– 227 policías suspendidos con goce de sueldo.

Mientras permanecen suspendidos, los agentes deben entregar el arma reglamentaria y no pueden realizar servicios adicionales.

La cesantía permite que la persona pueda volver a desempeñarse en otras áreas de la administración pública, mientras que la destitución establece una inhabilitación permanente para ocupar cargos estatales.

Además, quienes pierden el estado policial dejan de acceder al régimen jubilatorio especial de la fuerza y pasan a realizar aportes dentro del sistema previsional general.