l Frente Cívico, la UCR, el Pro y Cordobeses por la Libertad presentaron una denuncia en la Justicia Provincial para que se investiguen los controles de locales nocturnos
Bloques opositores del Concejo Deliberante de Córdoba presentaron este martes una denuncia ante la Justicia provincial para que se investiguen presuntas maniobras de cobro ilegal vinculadas con las áreas municipales encargadas de las habilitaciones, inspecciones y controles comerciales.
La presentación no formula una acusación penal concreta contra una persona determinada, sino que pide abrir una investigación para establecer si existieron los hechos denunciados, quiénes participaron y qué responsabilidades podrían corresponder.
El escrito fue firmado por cinco concejales: Javier Fabre y Elisa Caffaratti, por la Unión Cívica Radical; Graciela Villata, por el Frente Cívico; Soher El Sukaria, por el PRO; y Jessica Rovetto Yapur, por Cordobeses por la Libertad. Todos se presentan en su condición de “ciudadanos y concejales en funciones de la Ciudad de Córdoba”.
El punto de partida se inició con el caso de Claudio Barrellier y “Wachitas” y luego derivó en una investigación periodística publicada el 20 de junio de 2026 por La Voz, en la que se describieron presuntas maniobras de percepción de pagos ilegales por parte de inspectores municipales y otras personas vinculadas con las áreas de control y habilitación comercial.
Los concejales sostienen que esos hechos tienen “posible relevancia penal” y solicitan que se abra una investigación penal preparatoria para determinar “la existencia de los hechos denunciados, sus autores, partícipes y eventuales responsabilidades”.
Los denunciantes relacionan además esos antecedentes con otros episodios ocurridos posteriormente. En particular, mencionan el caso del presidente del Ente Municipal de Fiscalización y Control, Ezequiel Hormaeche Actis, quien habría sufrido una intimidación luego de impulsar controles nocturnos: según consigna la presentación, le habrían dejado dos balas sobre el escritorio.
Para los concejales, la situación trasciende “el interés meramente periodístico” y podría involucrar delitos contra la administración pública.
Como calificación jurídica preliminar, el escrito menciona posibles figuras de “cohecho pasivo, cohecho activo, concusión, exacciones ilegales, incumplimiento de deberes de funcionario público, enriquecimiento ilícito” e incluso asociación ilícita, esta última en caso de comprobarse una estructura estable y organizada destinada a cometer delitos. La presentación aclara, sin embargo, que la tipificación definitiva deberá surgir de la investigación judicial.